Hablaba en el
texto anterior de dos cuestiones fundamentales que vertebran el discurso
contrario a esta moción de censura, la gestión económica y la idea territorial,
y que constituyen dos generalizadas de la sociedad española: la derecha
gestiona económicamente mejor que la izquierda y la derecha defiende mejor la
unidad de España. Dos creencias que son objetivamente falsas. Lo que maneja
mejor es la imposición de una verdad univoca sobre España que sólo les
representa a ellos mismos y que no es capaz de dar cabida a nadie que sea de
color distinto. La realidad territorial es un auténtico reto que no se
solucionará nunca –como todas las demás realidades humanas– con la imposición.
Y que no se le ocurra a nadie decir que estoy a favor de los independentistas:
creo que he defendido la verdad constitucional ese aspecto sin ningún tipo de
ambages.
Por cierto, que
con el tema territorial me pasa algo parecido a lo que le pasa a Rivera: cuando
salgo por la calle, cuando voy a otras ciudades, cuando viajo por mi país, sólo
veo españoles. Os lo digo con todo el corazón, y os puedo asegurar que estas
cosas a los rojos casi negros como a mí también nos pasa: que sentimos a nuestro
país, aunque no lo hagamos igual que los conservadores. La diferencia con
respecto a Rivera es que yo me permito aplicarle adjetivos calificativos al
sustantivo, y así hacer frases completas, no frases para niños pequeños. Me
permito hacer puntualizaciones, establecer criterios, profundizar en los
argumentos; no hacer como hacen nuestros políticos –esto no es patrimonio
exclusivo de Rivera– de usar lenguaje para infantes, principal característica
del verdadero y auténtico populismo.
Discutir la
legitimidad de Pedro Sánchez para ser presidente del Gobierno es discutir la
legitimidad de los artículos 101 y 113 de la Constitución. Es cuestionar la
legitimidad de la verdad constitucional, algo como pretender hacer un
referéndum únicamente en una zona del Estado español, por ejemplo, Cataluña.
Cuando el PP llama al cumplimiento de las leyes, de la Constitución y de todo
lo que ésta supone, y los partidos van detrás de él de manera leal, todo el
mundo está contento. Sin embargo, cuando las leyes se les aplican a ellos, bien
sea a través de sentencias judiciales de las que es imposible escaparse de su
responsabilidad política, bien sea a través de trámites constitucionalmente
previstos, nos encontramos con disparos en las ruedas. Oír a Rafael Hernando, o
a cualquier otro dirigente del partido, criticar la utilización de un mecanismo
constitucional, me recuerda al señor Puigdemont, o a cualquiera de sus
adláteres, criticando la aplicación del artículo 155 que les largó de una
patada de la dirección de la Generalidad de Cataluña. Algo con lo que todos
estábamos de acuerdo menos ellos. Confirmando, por cierto, una cosa que llevo defendiendo
yo desde hace tiempo: el problema que hay en España, en muchos casos, es el
escaso respeto que los partidos políticos tienen por los mecanismos legales de que
disponemos. Solamente les loan cuando sirven a sus intereses y pueden usarlos
como bandera, pero cuando esa bandera la ondean otros, escupen sin ningún
problema en las mismas leyes que luego ellos exigieron cumplimiento.
Lo he dicho
más veces, y lo seguiré repitiendo, esta vez a modo de corolario. Con respecto
al PP tengo evidentes diferencias ideológicas, diferencias que debato encantado
con cualquiera de los amigos o familiares que tengo con esa misma ideología,
siempre que se haga desde el respeto y no se nos vaya a ninguno de las manos,
en cuyo caso es mejor irnos de cañas. Creo que el PP representa a muchos
ciudadanos, muchos de ellos amigos míos, y todos ellos necesito encontrar puntos en común para poder construir una España
en la que quepamos todos. Pero lo que no puedo tolerar bajo ningún concepto son
partidos constituidos como sistemas institucionalizados para llevarse dinero
público. Y aunque sus dirigentes no hayan sido condenados directamente por
corrupción porque no se haya podido probar delito, lo que sí que queda
constatado sin ningún género de dudas es que convivieron con personajes
enlodados en la corrupción en el despacho de al lado durante años y que,
incluso, promocionaron en sus cargos, como en el caso de Bárcenas.
Tengo
multitud de argumentos para defender que Mariano Rajoy se tenía que ir sí o sí
con la sentencia. Considero que debería haberse ido mucho antes, pero el clamor
de las cámaras, donde, como dicen ellos, reside la soberanía popular, le echa
hoy. Y eso es, por mucho que retorzamos los argumentos, la voluntad del pueblo
español. Lo he defendido cuando el PP ganaba elecciones y lo defiendo cuando
utiliza un artículo de la Constitución y lo aplica en sus estrictos términos.
En democracia, las cosas son así cuando luchamos contra rebeliones y
secesiones, y también cuando luchamos contra la corrupción desde el punto de
vista de la responsabilidad política.
Alberto Martínez Urueña
1-06-2018
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