viernes, 3 de noviembre de 2017

Una de Justicia (de la buena), por favor


            Sólo por ponernos un poco en situación de lo que pudiera ir ocurriendo en los próximos días. Imaginaros por un momento que la jugada de Puigdemont va y le sale fetén. La justicia belga decide que eso de imputarle un delito de rebeldía no cabe ni en el forro del uniforme de Franco, y que lo de la sedición, palabra elegante con significado curioso, no se ha producido, porque la mera declaración de intenciones –llevarlo a cabo– no implica hacerla efectiva. El tema de la malversación de fondos públicos podría quedar en el aire en base a la no aceptación de los dos anteriores, e imaginaros que, por arte de magia, el sujeto ése puede quedarse en Bruselas.

            Pero no solo eso –porque ya oigo a más de uno diciendo lo de que “¡pues a tomar por culo en Bruselas!–, porque en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en Tribunal Europeo de Derechos Humanos –o de Estrasburgo– podrían decir algo parecido, y entonces, ya no habría Puigdemont a tomar por culo en Bruselas, sino Puigdemont de vuelta en Cataluña como un general romano conquistador de la Galia. No es algo tan estúpido como pueda parecer: la Justicia europea ha demostrado en multitud de ocasiones la necesidad que tiene de recordarle a la Justicia española cual se supone que es su trabajo, es decir, suministrar justicia a sus ciudadanos conforme a una serie de requisitos legales fundamentales. Si no lo veis claro, acordaos de los etarras que salieron a la calle cuando tumbaron la doctrina Parot. Por razones de trabajo, también me sé cuestiones relativas a las normas contractuales españolas y cosas llamadas negociados sin publicidad –adjudicaciones de dudosa transparencia que desde Europa no acababan de entender demasiado bien–. Pero si todo esto os queda muy lejos, podéis acordaos de las llamadas clausulas suelo, y quizá empecéis a ver la luz. No siempre llueve a gusto de todos, ¿verdad?

            Os comento esto porque aquí, en nuestro patio de vecinas, las cuestiones relativas al Derecho, a la Justicia y a la aplicación que nuestro sistema judicial hace de los mismos no es tan imparcial como a veces debería. Teniendo en cuenta esos casos que os menciono, y otros de los que podríamos hablar, no sería demasiado ilusorio pensar que desde Europa vuelvan a recordarnos que ciertas prácticas y ciertas leyes no son muy justas, ni muy garantistas para los acusados, ni muy concordantes con la normativa europea que, por el principio de jerarquía normativa, quedan por encima de las leyes que nuestros queridos diputados se saquen del higo. Además, después de todo el bochornoso espectáculo que llevamos sufriendo en los últimos tiempos, no es descabellado poner en tela de juicio la debida independencia del Poder Judicial con respecto a los otros dos poderes, que en la práctica suelen dormir juntos en la misma alcoba, en un ejercicio endogámico que sólo pare bestezuelas deformes. Como Carlos II el hechizado, inútil para casi cualquier cosa que se le pretendiese usar.

            Otra opción que tenemos es defendernos de ese ataque de la comunidad internacional que, como tan garantista con los delincuentes, y además tan ignorante de la casuística española, es muy fácil verla como un enemigo. Ya sabéis, la culpa siempre es de los otros. Y además, en todos sitios cuecen habas, a ver qué van a venir a enseñarnos. A nosotros.

            Y es que la justicia en España, gracias a nuestros queridos políticos, lleva mucho tiempo puesta en el candelero, sospechosa de ser demasiado afín a los cargos que les nombran, sometida al escrutinio por sus decisiones controvertidas, y siempre cuestionada desde el primer momento en que a sus órganos de dirección les ponen a dedo entre el PP y el PSOE a través de un procedimiento que pretenden que veamos como adecuado. No dejan de ser los señores feudales poniendo a su consejero, el cacique a su cherif, o el obispo a su deán. Siempre podremos ejemplificar el buen hacer de la Justicia acordándonos de casos de gente que acaba imputada en procedimientos judiciales, o incluso en la cárcel, por colgar chistes en las redes sociales, por manifestarse o por tener publicaciones satíricas que ofenden a quienes las sufren. O esperpentos tales como los sesenta millones de euros que te pueden caer por tener una placa solar sin estar debidamente registrado.

            Por eso, cuando veo al sedicioso señor Puigdemont en busca y captura, y la orden la ha dictado un juez de la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía, pienso que las cosas pueden salir distintas a como las han pensado nuestros queridos dirigentes. Cuando todo queda en casa, es más fácil. Puedes meterle un buen puro a una niña que se ríe de Carrero Blanco en Twitter mientras un ultra del Betis pasea la bandera del aguilucho por Sevilla, porque los delitos les tipifican unos y les persiguen otros, y está todo muy bien atado. Pero en la Europa esa, esa prostituta de tantos siglos, no todo es tan fácil, y quizá a más de uno se le tuerza la sonrisa prepotente cuando el desarrollo de los acontecimientos no sea el esperado. Ojo, yo soy el primero que abogo por el cumplimiento de la ley: el problema es que aquí, en España, hay mucha gente que exige su cumplimiento pero está muy acostumbrada a saltársela, y precisamente por eso, estos tipejos de dudosa catadura moral pueden conseguir que un delito como declarar la independencia de una parte del territorio español quede impune. Y España, esa de la que hablan con el pecho henchido y a la que defienden en según qué casos, otra vez humillada.

 

Alberto Martínez Urueña 3-11-2017

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