Es
evidente que algo tengo que decir al respecto del tema fiscal, los papeles de
Panamá y las personas implicadas. De refilón, hoy han destapado una exclusiva
en uno de los diarios digitales de referencia sobre cómo los principales dueños
de la sanidad privada, los hermanos Ballart, repatriaron su dinero negro
gracias a la amnistía fiscal que tanto le costó reconocer a nuestro ministro
Montoro. Otros más, por cierto.
El
tema del dinero negro, la evasión fiscal, y su hermana pequeña, la elusión –o
como crear legislación fácilmente evitable– son cuestiones en donde no caben
puntos grises. Evidentemente, caben cuando hablamos de instruir, investigar y
juzgar una causa: es necesaria una correcta tipificación del delito que estemos
hablando, como no podría ser menos en un estado como el que nos gustaría
construir. Sin embargo, lo que son las nociones genéricas no escapan de la
guillotina dialéctica que esgrimo. Y aquí sí que importan las cuantías, por la
simple cuestión de que al contribuyente le hace más daño la evasión de cien
millones en cuotas del Impuesto de sociedades de una gran multinacional que los
doce euros de IVA que no te cobra el chapuzas de la reforma.
Por
otro lado, la desastrosa estructura del sistema fiscal impositivo español
parece estar hecha a conciencia. Es imposible comprender de otra manera que año
tras año nos adviertan de que somos uno de los peores países al respecto, en
los múltiples aspectos comparados, y aquí nadie se inmute. Y esto sí que es una
cuestión política, pues hablamos de legislar, de crear una serie de leyes
tributarias eficaces.
No
puedo evitar mencionar nuevamente la escasa dotación de medios humanos de
nuestras administraciones tributarias. Cualquier comparación con los países de
nuestro entorno es bochornosa, y al que le parezca que esto no es cierto, le
diré que los datos son los siguientes (aproximadamente): España, 23.000
funcionarios dedicados a tareas tributarias; Italia, 35.000; Francia, 75.000; y
Alemania, nada sospechosa de comunismos ni de velezolanismos, 113.000. Y esto
es así para la Agencia Tributaria, y también para el resto de cuerpos. La
cuestión es que determinadas hienas mediáticas, sabedoras de lo poco que
necesitamos en España para la envidia y el linchamiento en masa, utiliza determinados
clichés –exceso de funcionarios en España– para enfervorizar al respetable.
Suelen ser, por cierto, señores con traje y gomina que alardean de su seriedad
y responsabilidad. Debe ser muy responsable dinamitar la honesta labor de
varios millones de conciudadanos…
Como
estamos viendo, gracias a las filtraciones de determinados organismos que se
empeñan en ofrecernos la auténtica información relevante, y no esas proclamas
de los medios de comunicación oficiales, participados por estas empresas que se
lo llevan crudo a otros países, en esto de defraudar están metidos desde los
más cazurros, analfabestias venidos a constructores, hasta los que alardean de
prosapia y linaje, como la familia Borbona, la Casa de Alba y otras
personalidades anacrónicas por las que algunos –os juro que no lo entiendo–
beben los vientos cual enamoradizo mozuelo. Entre otros, como no podía ser
menos, están los políticos de la comisión del tres por ciento de las ITV, los
de la educación madrileña o los Eres andaluces. No se libra nadie: hay actores
que no sabían nada, futbolistas que no sabían nada, ministras que no sabían
nada, infantas que no sabían nada… Al final, tendremos que considerar que
España no es una sociedad corrupta, es una sociedad de imbéciles que no sabían
nada.
La
última que han sacado, que mencionaba al principio del artículo, hace
referencia a los dueños de hospitales privados que funcionaban mediante
concierto con la sanidad pública. El tema de lo concertado es un negocio sobre
el que mis amigos neoliberales tendrán que darme su opinión, pero al margen de
cuestiones filosóficas, estos sujetos, herederos de la más ortodoxa corriente
histórica de los bucaneros con patente de corso, sabían perfectamente que si
recibían dinero del contribuyente y se lo podían llevar a Suiza, o a donde
fuera, harían un negocio redondo, pues sus resultados económicos falseados
exigirían de más dinero del concierto y más dinero para sus abultadas cuentas
numeradas. Otro sistema más de los ideados por la bellaquería ibérica.
Tengo
que afirmar nuevamente que todo esto se ha realizado con la connivencia de un
sector concreto, el político, que si no sabía nada, era porque no quería mirar.
Si de algo puede presumir la estructura administrativa española es de poder
pedir cuentas a quien nos salga de la imaginación, sin más restricciones que
las constitucionales. Y ya, cuando estamos hablando de dineros públicos, ni os
cuento. Si esto se ha ido de madre ha sido porque a los gobiernos sucesivos de
las Comunidades Autónomas implicadas, más los de los Ayuntamientos, más, por
supuesto, los Estatales, no les ha dado la santa gana de levantar las alfombras.
A ver cuántas pelusas había. Eso, si pensamos bien. Porque la otra opción es
que ellos mismos sean una pieza interesada de la estructura criminal que nos ha
estado robando desde tiempos muy remotos, y de ahí, las preguntas que me hacía
yo –y que me sigo haciendo– en el último texto que os he mandado.
Alberto Martínez
Urueña 09-06-2016
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