¿De qué va esto?

            Hoy es uno de esos días tristes en que los españoles nos volveremos a dividir en posturas irreconciliables. Quizá no tanto en la forma como en el fondo, pero al final lo que queda es que habrá dos bandos, y ambos quedarán, una vez más, irreconciliables.

            Hay un hecho objetivo que no puede soslayarse: el día seis de junio de este año cientos de miles de causas judiciales abiertas quedaran sujetas a una difícil e inexorable decisión de trascendencia imposible de calcular a priori. El día seis de Diciembre, en vísperas de la campaña electoral y de una forma dudosa, el Gobierno aprobó la reforma de nuestro sistema judicial según la cual el periodo de instrucción no puede durar más de seis meses. Llegado ese punto, el fiscal debe decidir si llevar el caso a juicio, si sobreseerlo, o si se han de ampliar las actuaciones otros dieciocho meses. Habrá quien opine que entre esas opciones están perfectamente comprendidas todas las posibilidades y que es razonable que sean los expertos quienes decidan tales extremos. Pudiera ser. Pero hablamos de cientos de miles de causas para dos mil quinientos fiscales. Echad cuentas, y comprobaréis que lo que el papel soporta sin problemas, se convierte en un absoluto disparate únicamente digno de quien no entiende de qué hablan los expertos cuando hablan del colapso de la justicia.

            No quiero entrar en cuestiones superfluas con este tema. Además, de hacerlo, me iría a varias páginas de soflamas incendiarias contra este Gobierno al que, en todo caso, me cuidaré de definir más adelante en base a los hechos, y no únicamente a mis preferencias políticas o económicas. Llamo cuestiones superfluas a todos los escándalos de corrupción que embadurnan al mismo partido que dictó esta modificación. Si hablo de que son evidentes las intenciones, lo más sencillo será matar al mensajero, acusándole de demagogia. Y no estoy por la labor de ponerlo tan fácil.

            Más allá de la delincuencia rampante que ha caracterizado a muchos gobiernos populares, hay cuestiones muy preocupantes por otros motivos. Y es que determinadas medidas y orientaciones en las decisiones políticas son igualmente esperpénticas. Como lo de la reforma que os contaba en el primer párrafo. Es cierto que la justicia lenta y a destiempo no es justicia, pero hay otras formas de intentar solucionar el problema que no condenan a una mala instrucción los casos que, precisamente por su complejidad no son capaces de cumplir un plazo de seis meses, ridículo a toda vista. En España, estos y otros problemas relevantes siempre han seguido el mismo proceso. Primero se calcula si se van a poder solucionar en menos de cuatro años, y en caso de que la respuesta sea negativa, se olvida y punto. No sería justo ni decente que de los esfuerzos de un gobierno de una determinada orientación, se beneficiase otro partido político que llegase al cargo. Eso sí, mientras tanto, los ciudadanos seguiremos puteados durante siglos. Sin recursos para casos graves y flagrantes como es el de la Justicia, pero también sin ellos para las listas de espera sanitarias, la falta de efectivos en la lucha contra el fraude fiscal, la saturación de las aulas –al señor Wert cuarenta alumnos por clase le parecía razonable– o la falta de inversión en I+D+i.

            Pero en el caso de que el problema pueda solventarse en menos de cuatro años, la cosa se complica. Aquí, se verificarán parámetros tales como en qué momento se acabarán las obras para que el ciudadano vea las calles bonitas, en qué momento nos marcamos una rebaja fiscal que nos haga quedar como a los buenos –aunque desde Europa tengan la sensación de que alguien del Gobierno se haya tomado un ácido–, en qué momento aumentamos el gasto público para falsear las cifras del PIB y aumentamos el empleo o en qué momento aumentamos la oferta pública de empleo para que nos vean gente comprometida con el servicio público. Herramientas de marketing. Pero ninguna buena para el ciudadano. Nuevamente puteado.

            Pero no rompo ninguna lanza por nadie, porque luego estas herramientas cuelan. Por un lado suavizan la hostia que se llevarían los criminales en las urnas, y por otro, dan las suficientes excusas para que los votantes de la organización criminal puedan justificar el sentido de su voto. Cuando llegue el veintiséis de Junio, ninguno de ellos se acordará de que no ha sido ningún partido comunista el que no ha cumplido con el déficit, pero que además, adoptó medidas electoralistas que lo castraron. No fue un partido de los heterodoxos los que aprobaron una amnistía fiscal con la que flipamos todos, ni los que impusieron un impuesto al sol que nos ha convertido nuevamente en un hazmerreir internacional, además de condenarnos al ostracismo tecnológico en materia energética. Y se habrán olvidado de que no fue un antisistema el que se olvidó de que su obligación era dar cuentas de lo que hacía al único órgano en donde reside la soberanía nacional, las Cortes Generales.

            Cuando te empapas de las noticias de corrupción que empantanan el panorama nacional, y también de la escasez de recursos para luchar contra ella, comprendes muchas cosas. Que esto no es cuestión de la globalización, de un sistema económico injusto o del G-300. Esto va de organizaciones criminales que por un lado deciden las leyes y los euros dedicados a luchar contra ello, y por el otro aprovechan los huecos para drenar los recursos económicos de la ciudadanía para llevárselos a Suiza, a Panamá y a todos esos territorios que nada tienen que ver con el orgullo patrio que enarbolan. Y también va de los que se lo permiten.

 

Alberto Martínez Urueña 18-05-2016