Puede que en otras circunstancias
hubiese esperado unos días a ver si se me calmaba la tempestad que me han
causado determinadas personas; sin embargo, hay ciertas cuestiones que se
solucionan mejor con el colmillo dialéctico retorcido. Y os juro por la gloria
de mi prosa que aunque no tengo el más mínimo foro con la relevancia que me
gustaría, no acabo de encontrar motivo alguno para cerrar el pico de oro que la
divina providencia me ha prestado.
¿Os habéis enterado? Hay nueva reforma
legislativa del Gobierno. Huy, perdón, en un Estado de Derecho occidental y
desarrollado las normas las desarrolla en poder legislativo y el ejecutivo
propone, pero en esta farsa que se montaron en nuestra patria, grande y libre
por la gracia de nuestro señor –no sé quién es ese dómine hideputa–,
representante de la hipocresía institucional más vergonzosa, las mayorías
absolutas convierten a un gobernante incompetente como Mariano en un auténtico
déspota que detenta en sus manos la capacidad de aglutinar bajo su mando a los
tres poderes del Estado. Y gracias a ese poder absoluto que a la derecha
fascista siempre se la ha puesto muy dura, este poder ejecutivo ha tenido a
bien entrometerse en los procedimientos judiciales y determinarles un plazo
límite para instruir las investigaciones que se abran. Al margen de otras
disquisiciones que también traen miga. Pero ésta es la rehostia, porque habrán
de considerar cuales son las causas llevan abiertas más tiempo del indicado,
dieciocho meses a lo sumo, y declararlas cerradas. Al margen de tecnicismos que
algunos de vosotros controláis más que yo, ¿os suenan algunas de estas causas?
Por de pronto, pensad en la Gürtel y todas sus piezas separadas.
Sí, ya sé lo que estaréis pensando
los que mejor sabéis pensar de todos: no se puede permitir que los procesos
judiciales se alarguen sine die, con la inseguridad jurídica que ello supone
para los imputados, y aquello de que la justicia que se prolonga
indefinidamente en el tiempo no es justicia. Y aquí es donde pienso pillar a
más de uno. Por mis santas circunvoluciones...
Si hay algo en lo que este ejecutivo
dictatorial se ha caracterizado –así como sus adláteres autonómicos– ha sido
por criminalizar al funcionariado, o al menos, por dejar que los perros de
determinados medios de comunicación nos apaleen como a leprosos de la época
romana. Al margen de que la función pública pueda ser optimizada, cosa que a
nadie negaría, sobre todo porque lo que no aspira a la mejora se pudre, me
gustaría ver en los medios de comunicación datos sobre el número de
funcionarios que hay en España con respecto a nuestros países del entorno,
muchos de ellos como Alemania, nada sospechosos de proselitismos comunistas ni
de despilfarros inútiles. Funcionarios, y también asesores, para ver en qué se
nos va el capítulo uno –el de los sueldos, grosso modo– del presupuesto en
nuestras administraciones.
¿Por qué digo esto? Por un motivo
muy sencillo: es uno de los mejores indicadores de en qué consideran los
poderes públicos –los políticos, para entendernos– que merece la pena gastarse
las perras. Se podría ver que la voluntad política tiene más que ver con
colocar su nombre en placas en aeropuertos innecesarios o ciudades de la
cultura donde los libros son una especie en extinción que en luchar contra el
fraude fiscal o, en el caso que nos ocupa, en dotar con medios verdaderamente
efectivos a la Justicia en este país donde un presidente que mintió descaradamente
a los españoles en campaña electoral se permite el lujo de avisar de los
peligros del populismo.
¿Queréis datos? No hace falta más
que hacer una búsqueda en San Google con parámetros sencillos: “comparativa
número de jueces” para ver que somos una vergüenza europea, igual que si buscas
lo mismo con inspectores o con número de funcionarios, todo ello por número de
habitantes. Eso sí, el gobierno no ha tenido la decencia de hacernos conocer la
inquietante verdad: la dejadez de estos políticos con respecto a los temas
relevantes es insoportable.
Siempre he defendido la necesidad de
organismos de control independientes que fiscalicen económicamente la acción de
los determinados poderes decisorios del Estado, sobre todo hablando de los cuerpos
tributarios y de intervención del gasto público que me tocan cerca por razones
laborales; por supuesto, esta necesidad se hace igualmente extensible a la
Justicia. Como dato, os diré que se calculan unos setecientos mil expedientes
que deberán ser revisados de acuerdo a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal
que os menciono. Y eso ha de llevarse a cabo con el mismo número de Fiscales y
Magistrados que hay en la actualidad, y con los
mismos medios que han llevado, en la práctica, al bloqueo de las
instituciones judiciales contra la que en teoría se pretende luchar.
Que cada cual saque las conclusiones
que quiera, pero creo que hay cuestiones que se definen por sí mismas, y la
creación de leyes donde pueda caber la impunidad delictiva, más cuando afecta a
quien las elabora, es una de ellas. Se iniciaron con una amnistía fiscal que
benefició a muchos de sus amigos y terminan con una ley de punto final para las
causas de corrupción abiertas en la Audiencia Nacional que les afecta. ¿Que me
meto mucho con Mariano...? Joder, como para no hacerlo.
Alberto Martínez Urueña 21-10-2015
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