Sobre amnistías

De vez en cuando no viene mal volver por estos lares y dejar algún comentario. O quizá una reflexión un poco más profunda y extensa. Con el tema de la amnistía, diré que, al igual que con la DUI y con los indultos, estoy radicalmente en contra de que se produzcan. Por varios motivos. El primero de ellos es porque creo en una democracia real y radical en el sentido más griego del término. Es cierto que vivimos en una democracia representativa y que los cauces están establecidos con una serie de normativa. Esta normativa, no obstante, no rompe con esa idea democrática: la propia Constitución es fruto de un consenso democrático. No estoy diciendo con ello que la amnistía sea inconstitucional. No son experto constitucionalista y no me corresponde determinar tal cuestión: para eso está el Tribunal Constitucional y, del mismo modo que no estuve de acuerdo con la sentencia sobre los estados de alarma, la respeté, no por creer en ella (me convencían más los votos particulares; hay extensos análisis por internet al respecto, no es que yo entienda del tema), sino porque el orden constitucional indica que estas son las normas del juego.

En segundo lugar, estoy en contra de la capacidad del poder ejecutivo para conceder indultos a políticos o personajes públicos o poderosos. Mucho más, para conceder amnistías a políticos o a personajes públicos o poderosos. Estaría a favor, analizando caso por caso, si habláramos de personas desconocidas que cometieron un error, que se han arrepentido y que han rehecho su vida (típico caso de quien roba para dar de comer a sus hijos o errores de juventud que se juzgan diez años más tarde y en los que no hubo delitos de sangre, por poner algún ejemplo).

En tercer lugar, porque, a pesar de que pueda creer que la Constitución ha de ser modificada en determinados aspectos (no soy monárquico, pero mucho menos creo que el heredero de la corona deba ser preferiblemente varón), y a pesar de creer que nuestro Estado de Derecho es susceptible de mejora, ambos forman las dos barreras que nos protegen de la ley de la selva que los neofascistas querrían imponernos. Sólo el imperio de la ley impide que guerrillas urbanas se autoerijan como “defensores” de la patria e instauren un régimen político basado en la imposición y la violencia. Cuando Abascal dice públicamente que se han dictado órdenes ilegales e insta a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a elegir qué ordenes consideran ellos ilegales y, por lo tanto, considerarse legitimados para desobedecerlas, está afirmando que ya se han producido y está dado pie a que en el futuro sean funcionarios públicos quienes discriminen de manera arbitraria qué órdenes cumplen y o no. Esto está dentro de nuestras obligaciones, pero sólo en casos palmarios, no en mitad de una algarada callejera.

Pero ojo, no estoy en contra de la amnistía por ninguno de los argumentos que esgrime la derecha española sobre la ruptura del orden constitucional, ni por la ruptura de la nación ni nada parecido. Debo respetar, como así hago, el amor inquebrantable que profesa un grupo de mis conciudadanos por España. Por su noción de lo que es España. Pero, ni yo profeso ese amor inquebrantable por la patria ni tengo la misma noción de España que defienden ellos. Yo siento una gran afinidad por España, pero no por la noción de esa España de la que hablan. No tengo ningún problema en que la organización administrativa cambie, dado que, para mí, las fronteras y distribución de competencias no es más que una forma como otra cualquiera de gestionar la socioeconomía de una determinada región. No tengo ningún problema en que, en tal o cual región, la mayoría democrática decida entenderse en un idioma, en otro o en tres al mismo tiempo: Suiza en su conjunto tiene cuatro idiomas oficiales, unos más hablados que otros en según qué regiones. No siento atacado mi idioma ni mi acervo cultural por estas disquisiciones.

Quizá sea porque considero que la parte relevante no va de fronteras ni de idiomas, ni tampoco de opciones culturales ni morales. Las dos primeras las considero opciones de organización administrativa; las dos segundas las considero opciones individuales en donde nadie debe meterse. Considero que la parte relevante va de personas. Del aspecto material de las personas, que es donde los Estados modernos deben entrar: no en vano, son los aspectos que pueden influir de manera determinante en las posibilidades de cada individuo a la hora de labrarse un futuro. Creo que los Estados modernos están para garantizar que cualquiera de sus ciudadanos, nazca en el barrio de Salamanca, o nazca en un pueblo de montaña, o en una barriada arrasada por la pobreza, tengan las mismas posibilidades de progresar en esta sociedad y, con este progreso, colaborar en hacer una sociedad más cohesionada. Porque, en realidad, creo en el Estado Democrático y Derecho porque es el modelo que de mejor manera garantiza la paz social y la estabilidad económica. Y, además, porque la Constitución obliga a garantizarlos en muchos de sus artículos.

Alberto Martínez Urueña 9-11-2023