Ratificación

            Me asaltan al mismo tiempo dos noticias que ejemplifican los motivos por los que el día 28 de julio de 2020 mandé un artículo que me costó dios y ayuda concluir con una reflexión coherente sobre lo que pensaba de la realidad actual. Si no solucionan los problemas que arrastramos desde hace décadas, y se enzarzan en problemas inventados, ¿por qué vamos a confiarles la gestión de lo público? Es más, si ni tan siquiera hacen por ponerse a solucionarlos de manera decidida, ¿por qué vamos a pensar que están poniéndose a solucionar los que ahora tenemos? No me cogerán vivo en ésta.

            La primera de las noticias es una bronca en el hemiciclo, hoy mismo, debido a que el PSOE se ha saltado las normas de no acudir más del 50% de diputados y de respetar la distancia de seguridad. Y todo para aumentar los decibelios de los aplausos a su líder todo poderoso y bienamado. Normas elaboradas por el hemiciclo a propuesta del Gobierno vulneradas en el hemiciclo por el partido del Gobierno. Maravilloso equilibrismo. Por supuesto, la tabernera pepera Cayetana no ha tardado en apoyar el codo en la barra de Twitter para denunciar con su ruda voz y sus rudos modos tal infamia. Olvidando que es algo que su grupo parlamentario hace cada vez que le sale del arco del triunfo parlamentario. Resumiendo, para que le quede meridianamente claro al lector: gastándose nuestro dinero pagado en impuestos o en deuda pública en debatir cuál es el sexo de los ángeles.

            Por otro lado, la segunda noticia es de ayer. Al parecer, Moreno-Bonilla, felizmente casado de manera oficial con Ciudadanos y oficiosamente con VOX para poder ser presidente de la Junta de Andalucía –queridos niños, hay que aprender a leer cuidadosamente el contexto para evitar que Pablo y Santi nos cuelen sus añagazas– ha declarado que el botellón es una actividad insalubre y peligrosa, para prohibirlo en su totalidad –hoy por la tarde, se han subido al carro otras Comunidades Autónomas, imagino que al olor de las feromonas del éxito–. Y me quedado como las vacas viendo pasar el tren: ¿el consumo compulsivo de alcohol ya no era un actividad insalubre y peligrosa antes de la pandemia por motivos diferentes al mantenimiento de la distancia de seguridad? Es más, ¿no se supone que beber en la vía pública ya estaba prohibido? Seguramente no, es una normativa municipal, o autonómica o diputacional o clerical, o la madre que parió a la administración territorial española.

            El tema del botellón es una cuestión que lleva en la palestra española desde hace lustros: esto es, la correlación que existe entre ocio de los jóvenes y el consumo abusivo de alcohol. Los datos de la Delegación del Gobierno sobre la drogadicción, así como de diferentes asociaciones relacionadas con el tema, llevan poniendo de manifiesto realidades tales como que los jóvenes se inician en el alcohol a una edad en la que el mínimo consumo ya es inadmisible: con trece años. Considerando, además, que su consumo está prohibido hasta los dieciocho. Y yo digo: si se conocen los efectos perniciosos del alcohol, ¿por qué se permite, en la práctica, su consumo entre los menores de edad? Sólo hay uno: los productores y distribuidores de bebidas alcohólicas verían disminuir sus ventas.

            Ahora, con la pandemia, hay quien se hace la picha un lío dándole vueltas a cuál de todos los políticos vela mejor por la salud pública antes que por la economía. Y viendo la actitud de esos políticos con respecto a la pandemia, o con respecto a esos aspectos básicos de los que he hablado en este texto o en el anterior, lo de esos ciudadanos no tiene un pase. Hablo del botellón de los jóvenes que no se ha querido solucionar durante años, manteniendo ese falso equilibrio entre libertad individual, salud pública y economía, pero podríamos hablar de otras cuestiones relevantes como la contaminación acústica en las zonas de ocio nocturno –eufemismo para hablar de bares abiertos hasta las cinco de la mañana con sus clientes dando berridos a las puertas– o la sobreexplotación turística de las costas españolas –pensemos por un momento en el Mar Menor, dentro de poco convertido en el Mar Muerto–. Detrás de todas ellas encontraréis el mismo denominador común: empresarios de sector reclamando sus derechos a hacer negocio, irresponsables por supuesto, de las consecuencias de los mismos. Ellos no son responsables de que de sus botellas acaben en manos de niños de trece años, edad a la que nuestros hijos empiezan a consumir un veneno que les altera la estructura cerebral para convertirles en enfermos. Y a lo mejor ese empresario, esa bodega, o esa productora de licores tiene razón; por lo tanto, los responsables de evitarlo deberían ser los poderes públicos. Nuestros políticos. Esos señores con traje elegante e incapaces de hacer mínimamente honorable el cargo que ocupan. ¿Cómo van a poner a policías en los parques de manera sistemática para perseguir una actividad ilegal? ¿Cómo van a usar su potestad sancionadora para cascarles 600 euros a los adultos que beban en lugares no permitidos? ¿Cómo van a meterle un rejonazo de 1.500 euros al padre cuyo hijo menor de edad esté en la vía pública bebiendo, o ya borracho y semiinconsciente?

            No esperéis que esta ralea de incompetentes estén trabajando en solucionarnos los problemas: están esperando a que aparezca la siguiente noticia para soltar un zasca en redes sociales y meter bajo la alfombra lo que está sucediendo hoy, 29 de julio de 2020. Así, sucesivamente, sin solución de continuidad.

Alberto Martínez Urueña 29-07-2020

PD.: Cuando llegue el momento, aunque me diréis que estáis de acuerdo, seguiréis votándoles. Y sólo por el miedo a que salgan los otros, los que no son de vuestra supuesta cuerda ideológica.