Uno de los aspectos más
gratificantes de ponerme delante del teclado y mandar mis pensamientos por el
éter electrónico hasta vosotros es la retroalimentación de ideas que a veces se
produce. Alguno, de vez en cuando, me envía una respuesta dando su opinión
sobre el texto y sobre su contenido, y le da un sentido más amplio a todo esto.
Hay quien incluso escribió en algún momento en la página de internet donde están
todos mis escritos desde dos mil siete, y así el debate se hace público y todos
podemos participar.
La mayor parte de las veces, trato
temas sobre economía y política, eso está claro, igual que mis tendencias
ideológicas que nunca he pretendido ocultar. Conversando con una de las nuevas
incorporaciones a las listas de correo que utilizo, hizo un comentario
pergeñado de interesantes matices, indicando que lo importante ya no es tanto las
ideologías como las consideraciones sociales que se tengan. Leía una reflexión
parecida en algún medio sobre cómo los nuevos movimientos sociales surgidos a
raíz de la crisis, tanto los nuevos partidos como los movimientos ciudadanos,
se orientan en un plano transversal en el que tienen cabida distintas
concepciones políticas, primando por encima de éstas las nociones de ser
humano, con sus consideraciones sobre dignidad y derechos, y de participación
colectiva en la sociedad común. Esto, a su vez establece una nueva distinción
maniquea entre las élites que han dirigido la sociedad desde su torre de marfil
y el pueblo que ha sufrido tal dirección descarnada, independientemente de su tendencia
más o menos conservadora o liberal. En resumen, estoy de acuerdo con esta
visión que nos permite sublimar las arcaicas estructuras en donde los intereses
particulares de tales élites nos introdujeron con su dialéctica perversa y desde
donde nos han manipulado durante demasiado tiempo.
Otra cuestión que quiero responder
es mucho más prosaica, y por lo tanto, más interesante. Hace referencia al problema
de los desahucios y como éste implica la necesidad de plantear a su vez qué
sucede con una empresa privada que ve cómo un dinero prestado no va a ser
devuelto. No en vano, la función de un banco es hacer negocio dentro del
circuito de intereses económicos privados vulgarmente llamado mercados. En base
a esto, presta un dinero y se establece un seguro de garantía en caso de
impago, que es la hipoteca.
Lo que la mayoría de la gente
ignora, porque cada uno entiende de lo que maneja, es que en este movimiento
existen dos hechos que pueden estar o no conectados. Estos son el negocio
jurídico por el que se presta el dinero y el contrato de garantía que supone la
hipoteca. Y en nuestro ordenamiento jurídico están separados, por lo que las
consecuencias de uno y otro van cada una por su lado. Precisamente, de esta concepción
legislativa deriva el disparate de que te quiten la casa pero aun así tengas
que seguir pagando la deuda: son dos cuestiones jurídicas independientes. Sin
embargo, pesar de las gilipolleces que dicen nuestros legisladores y sus
acólitos, los dueños de los bancos, esto no es inevitable. Como todo en
Economía. En esta época de ideas únicas.
Haciendo un interesante ejercicio de
comparativa internacional podemos ver cómo economías que no tienen ningún viso
de sospecha comunista como pueda ser la estadounidense, en caso de impago, el
banco se queda con la casa, pero la deuda queda saldada automáticamente. Esto,
evidentemente, puede suponer una perdida comparativa de los bancos frente a los
clientes, pero es un sistema que funciona y que no deja tan desamparadas a las
víctimas. No tanto como este sistema nuestro, cruel, en donde una persona que
vive debajo de un puente puede tener además una deuda con una entidad bancaria
que nunca va a poder pagar. Con lo que esto conlleva.
Pero los bancos reclaman sus
derechos como acreedores en base a las nociones de seguridad jurídica en el
tráfico mercantil –que da estabilidad a los negocios privados y por tanto a la
economía general de un país o de un entorno económico– y de derecho a la
propiedad privada. Los becerros de oro de la economía capitalista.
No pretendo extenderme acerca de las
medidas que se articulan en estos otros países en donde el cumplimiento de las
condiciones del contrato de garantía salda la deuda sobre la que nace tal
derecho. Es decir, la dación en pago, esa
noción que la casposa y retrograda derecha española denuesta porque ha salido
de boca de un enemigo sin saber que se aplica en la cuna del liberalismo
económico con muy buenos resultados. Las medidas para solventar esta
encrucijada están ahí para el que quiera leerlo, y seguro que mejor explicadas
de lo que pueda pretender yo aquí. Cuestiones como la separación obligatoria de
la banca de inversión respecto de la banca comercial, o la posibilidad de
trasladar los riesgos de las operaciones directamente al tipo de interés
exigido por la prestación del dinero son debates que todavía están abiertos y
son sumamente interesantes.
La cuestión, en todo caso, que
subyace por debajo de toda esta amalgama de ideas, desde mi punto de vista, es
la prelación entre dos problemas sustantivos. Y sinceramente, comparar las
pérdidas de un banco – sé que esto puede suponer problemas reales para gente
real – con las reales y trágicas consecuencias de sacar a un niño de su casa
por la fuerza, mandato judicial mediante y con la legitimidad de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, me parece uno de los mayores insultos que se
han infligido al ser humano en toda su historia, incluyendo holocaustos,
inquisiciones y esclavitudes. No en vano, es otra manera de degradar el
incalculable valor de una vida humana a las cuestiones prosaicas de una cuenta
de resultados.
Alberto Martínez Urueña 29-01-2015