No voy a engañar a nadie si digo que soy una persona más bien de izquierdas. De hecho, suelo decir que, más que rojo, soy casi negro. Por eso, quizá alguien podría pensar que me resultaría incómodo lanzarme al ruedo a calzón quitado para criticar a un gobierno que se dice socialista y de progreso, pero nada más lejos de la realidad. Sobre todo, porque más allá de tales consideraciones, y desde hace muchos años, soy especialmente crudo cuando se trata de falta de honestidad, de empatía y, sobre todo, de limpieza en los ámbitos públicos. Me tocó vivir el comienzo de la crisis económica del dos mil ocho de lleno y aprendí bastante de aquello. Vi de cerca la tormenta que se desató y cómo el contubernio formado por lo neoliberal –liberal en lo económico, pero profundamente clasista en social– y lo pseudosocialista –socialismo encamado con las élites económicas– dejaba tirados en la cuneta a millones de personas con la excusa de la ortodoxia económica. Bonitas palabras para justificar dos cosas: no coger el dinero de quien lo tiene y no echar a bajo el sistema de paraísos fiscales de los que indirectamente se benefician. Me tocó vivir esa crisis y no tuve ningún reparo en criticar lo que vi, incluida la bajada de pantalones socialdemócrata de ZP y los suyos.
Hoy nos encontramos en otra situación parecida. Unos hechos innegables y varias posibles interpretaciones de los mismos. Los hechos objetivos: hay una orientación política planteando una medida para solucionar un problema. Hablamos de las medidas políticas del reencuentro y la reconciliación entre dos facciones, primero en Cataluña –no podemos olvidar que la primera ruptura se produjo allí–, y después con el resto del Estado. Y luego tenemos las interpretaciones de por qué se pretenden tomar esas medidas. Hay argumentos favorables al perdón para quienes pretendieron romper el orden constitucional, pues dicen que, de esta manera, se les volvería a acoger en el seno de nuestra democracia y esto favorecería la convivencia. Hay otros argumentos conforme a los que esta medida –la amnistía– no soluciona nada y sólo obedece al momento de oportunidad política en el que Pedro Sánchez necesita votos para mantenerse en La Moncloa. Sería mucho mejor poder entrar en los adentros de nuestros políticos, pero, para desgracia del común de los mortales, la interpretación y valoración de los argumentos no son hechos: son juicios de valor derivados de los mismos y nos obligan a hacer un cierto salto de fe.
Digo esto porque para mí sería fácil adherirme al argumento de La Moncloa, vendido fresquísimo mañana y noche por tertulianos favorables al presidente del Gobierno y sus adláteres, a la hora de amnistiar a una serie de personas que objetiva y claramente pretendieron echar abajo la Constitución que nos defiende a todos y protege nuestros derechos fundamentales. Sería fácil hacerlo, insisto, pero, si puedo evitarlo, jamás comulgo con ruedas de molino. Si tengo que elegir entre Constitución en toda su extensión y el tema del independentismo y sus delitos, me quedo con la Constitución. ¿Por una cuestión legal o constitucional? Para nada, no soy jurista y no voy a utilizar argumentos de este tipo. No los necesito. Sabemos que hay hechos jurídicamente legales y manifiestamente injustos y viceversa. A mí me interesa otra perspectiva, y por eso, hace tiempo que dije, y lo vuelvo a escribir negro sobre blanco, que no creo que sea legítimo ni justo el derecho de gracia –por más que haya leyes que lo amparen–. Ni las amnistías ni los indultos, salvo muy honrosas excepciones, y, desde luego, jamás a favor de políticos, altos cargos y personalidades públicas. Y mucho menos cuando lo que han pretendido ha sido reventar la Constitución que me garantiza, a mí y a los míos, los derechos fundamentales más básicos.
Por esto, más allá de las consideraciones legales y, desde luego, tampoco por los posibles juicios de intenciones, para mí, la amnistía es un completo disparate. El diez de octubre del diecisiete, políticos de izquierdas y de derechas, todos ellos con sus ideas y con el derecho constitucional a tenerlas, además de comportarse de una manera manifiestamente contraria a nuestro ordenamiento jurídico, llevaron a cabo actuaciones profundamente injustas, clasistas, ilícitas moralmente y detestables desde el punto de vista democrático. Estaban perfectamente asesorados, sabían sin ningún género de dudas las consecuencias de sus actos y, aun así, persistieron en sus actuaciones. Esto, unido a que el derecho de gracia era esa potestad regia que tenían los monarcas absolutos de perdonar arbitrariamente a quien ellos quisieran y ha sido heredada caprichosamente por quienes han de utilizarla, me lleva a concluir lo expuesto.
¿Me creo la lógica esgrimida por La Moncloa? Creo que con esas medidas de gracia se pueden desinflamar los ánimos en Cataluña, eso es cierto. Pero también creo que Pedro Sánchez, en dos mil veintiuno, indultó a los presos que no habían huido con el rabo entre las piernas porque necesitaba sacar adelante sus proyectos legislativos de la pasada legislatura, y creo que, ahora, después de las últimas elecciones, vuelve a necesitar de los votos de alguien implicado en esa jugada del process –un movimiento político profundamente clasista, xenófobo, injusto y pseudofascista que representa todo lo que más detesto del panorama político–, y no ha dudado en tirarse a la piscina. Esto nos llevaría a tener que hablar sobre el coste de no asumir el mando del Gobierno y bien sabemos que éste no es un debate cerrado. ¿Habría sido mejor que gobernase un señor amigo de narcos de la mano de un admirador de genocidas? Esto también es un juicio de intenciones, además de un juego de conjeturas. Muy interesante, desde luego, y del que hablaré en otro momento. Quizá esta opción hubiera sido la más adecuada, o quizá deberíamos haber dejado gobernar a los herederos de Franco, pero este texto iba sobre el daño que produce a nuestros valores constitucionales perdonar delitos a quiénes se vanaglorian de haberles llevado a cabo y se conjuran para volver a repetirlos.
Alberto Martínez Urueña 9-03-2024
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